Luego de dos décadas de negociaciones, el 13 de setiembre la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que protegerá a los más de 370 millones de personas integradas en 5.000 comunidades en todo el mundo. La declaración, de 46 artículos, establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación. El texto, ratificado por 143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, constituye un hito histórico para el movimiento indígena, cuyos intentos por lograr que se respetaran sus derechos quedaron relegados durante años. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, celebró la adopción de la declaración de derechos e instó a que los estados miembros "se aseguren que su visión se ponga en práctica".
Pueblos indígenas: “La pelota está en su cancha”
Editorial del Diario Los Andes 25/09/07
El pasado 13 de setiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Excepto el dominical del Diario Los Andes, que le dedicó su portada, el hecho ha merecido poco comentario en nuestro medio. Tal vez tenga que ver con que la palabra indígena, por diversas razones, le cae mal a mucha gente, lo que no le permite percibir que es una medida trascendente, sin lugar a dudas histórica. Es un paso semejante al que se dio cuando en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las discusiones para lograr que se considere oficial e internacionalmente, los derechos de los pueblos indígenas a tener, con toda legitimidad, una cultura, un territorio, usos y costumbres, idioma y formas de organización propias, duraron veinte años y tan sólo 4 países miembros de la Asamblea, votaron el contra y 11 se abstuvieron, lo cual significa un verdadero triunfo (La ONU tiene 191 Estados Miembros). El embajador adjunto de Perú ante la ONU fue el encargado de presentar el documento al pleno de la Asamblea General; el hecho hace suponer que el gobierno peruano es consciente de lo que implica tal aprobación, aunque podría ser pertinente la duda sobre su responsabilidad pues mientras estaba votando en Naciones Unidas, por la aprobación de una Declaración en la que varios de sus artículos reconocen el derecho de los pueblos indígenas sobre su tierra y su derecho a poseerlas, utilizarlas y desarrollarlas, disponiendo, por ejemplo, que los Estados deben asegurar el reconocimiento y la protección jurídica de esas tierras, territorios y recursos y que no procedan a ningún traslado "sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa", atacaba, con baterías cargadas a las comunidades campesinas de la zona de Ayabaca y Huancabamba por querer defender su territorio y sus recursos mediante una consulta popular que se pronunciara sobre la exploración minera de Minera Majaz. Y es que la Declaración establece parámetros mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales de los territorios donde se asientan, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación. También reconoce derechos individuales, y colectivos relativos a la educación, la salud y el empleo. Lo trascendente de la normatividad aprobada es que por fin, los pueblos indígenas tienen un instrumento jurídico internacional al cual acudir de ser necesario ya que, aunque no tiene carácter vinculante, representa un instrumento dinámico en las normas internacionales, que ayudaría a proteger a los indígenas contra la discriminación y marginación y también les permitirá exigir a los Estados, a los que pertenecen como ciudadanos, que abran el debate y revisen su legislación para que incorpore o adecue a élla, sus derechos como indígenas. La tarea es difícil pero no imposible, se conquistó en el proceso de adecuar la legislación de los Estados --miembros de la ONU-- a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
